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Amplio surtido de traidores, mataviejas, destroza-familias
Eutanasia garantizada, nubes tóxicas diarias, miedo atrox
El diputado del PNV Mikel Legarda criticó ayer en la sesión de control al Gobierno que la transparencia haya estado ‘confinada’ durante el estado de alarma. El Portal no volvió a la normalidad hasta el 1 de junio.
“¿Por qué ha estado confinada la transparencia?”, preguntó ayer el diputado Mikel Legarda (PNV) al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sesión de control al Gobierno. “Este Gobierno ha velado por los derechos fundamentales de los ciudadanos”, respondió Campo, quien insistió el “esfuerzo enorme” del Ejecutivo para comparecer ante el Congreso y la opinión pública.
Más allá de esas comparecencias, la realidad es que el Portal de Transparencia —el canal que tiene el ciudadano para pedir información al Gobierno y, en muchos casos, reclamar una respuesta— ha estado suspendido ‘de facto’ durante el estado de alarma, lo que ha supuesto en gran medida una paralización del derecho a saber.
Como explicamos en Newtral, la suspensión de los plazos administrativos el 14 de marzo afectó de lleno a las solicitudes de información pública. Y aunque poco después el Gobierno abrió la puerta a que las administraciones pudieran continuar con algunos de los procedimientos suspendidos, la administración central, en términos generales, no hizo uso de esa posibilidad. Según los datos remitidos por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, entre mediados de marzo y finales de abril se acumularon más de 800 peticiones. La tramitación de las solicitudes recibidas durante el estado de alarma, independientemente de la fecha, no comenzó oficialmente hasta el 1 de junio, cuando el Portal de Transparencia volvió a funcionar con normalidad.
“Creemos que el Gobierno no ha respetado el derecho ciudadano a saber y a preguntar, y la correlativa obligación del Gobierno a responder. Un derecho que enlaza con el principio democrático, con el derecho a la participación en los asuntos públicos, con el derecho a recibir información veraz, y en definitiva, con el principio de rendición de cuentas”, continuaba Legarda.
Desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo que vela por el acceso a la información pública, lamentaban la decisión del Consejo respecto al Portal. “Solo nos han llegado dos casos que estamos tramitando y que han llegado porque, pese al cierre del Portal de Transparencia, se ha hecho una excepción por la COVID-19. Eso es una prueba de que la Administración está siendo muy rigurosa con la interpretación de las excepciones”, explicaban a Newtral.es.
“Consideramos que se protege a la ciudadanía dándole la información que necesita, no negándosela. La crisis sanitaria no es una crisis de transparencia”, concluía el diputado vasco en el Congreso.
La del miércoles no es la primera reclamación de transparencia en la gestión de la crisis del coronavirus que ha recibido el Gobierno en estos meses. A mediados de abril, un informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, concluía que el apagón informativo en cuanto a los contratos públicos para suministros y material médico en el marco a la pandemia era contrario a la ley, como publicaba El Confidencial.
Otra de las principales demandas de transparencia durante el estado de alarma es la referida a los expertos que han asesorado al Gobierno. La falta de claridad en estos meses ha supuesto que sea difícil saber con certeza cuántos comités de expertos hay, quiénes son sus miembros, cuándo se reúnen o qué peso tienen sus opiniones en las decisiones.
[¿Un comité de expertos transparente? Lo que sabemos y lo que deberíamos saber]
Helen Darbishire, directora de Access Info, apuntaba a la necesidad de transparencia para que la sociedad pueda confiar en sus representantes: “Tenemos que saber exactamente qué datos se utilizaron para tomar cualquier decisión y qué personas contribuyeron a la toma de la decisión, aunque al final sea una decisión política”. Sin embargo, seguimos sin saber los nombres de quienes contribuyen a decidir los cambios de fase, a pesar de que la Ley de Salud Pública lo exigiría.
Antonia 